Durante los últimos días, muchos analistas políticos han subrayado el logro del Gobierno por sacar adelante 140 leyes en lo que va de legislatura, pese a un contexto político de gran fragmentación y complejidad.
¿Cómo es posible -se preguntan- que el Gobierno cumpla todos sus objetivos, contando de inicio con tan solo 153 de 349 diputados?
Y la respuesta es bastante sencilla: las leyes se aprueban porque son buenas leyes, por lo que la mayoría de los diputados acaban rindiéndose a esta evidencia. Hay algo más que influye en el éxito, claro: la vocación y la capacidad demostradas por este Gobierno para dialogar y acordar con quienes piensan distinto.
La pregunta más pertinente es otra, no obstante: ¿por qué algunos grupos se empeñan en votar en contra y obstaculizar proyectos que son objetivamente buenos para la mayoría de los españoles?
Y la respuesta a esta última pregunta es mucho más decepcionante. Porque la oposición de algunos grupos a buena parte de los avances legislativos tienen poco que ver con reticencias prácticas, y mucho más con el afán de desgastar al Gobierno.
Porque, ¿qué razones puede aducir el PP, por ejemplo, para votar contra la bonificación de 20 céntimos por litro en la gasolina, o contra la subida de las pensiones conforme al IPC, o contra la llegada de los fondos europeos a nuestras empresas?
¿Por qué se opone la derecha a que el porcentaje de contratos fijos suba del 10% al 50%, o a proteger a las mujeres frente a las agresiones sexuales, o a combatir el peligro cierto del cambio climático?
Quizás el PP pueda explicar en clave ideológica su negativa a respaldar la nueva ley del derecho a la educación. El PP siempre se ha opuesto a un modelo educativo que consolide la enseñanza pública como garantía para la igualdad de oportunidades.
También pueden aducir motivos ideológicos para no apoyar la ley que reconoce el derecho a la muerte digna porque, aunque a muchos nos resulte incomprensible, siempre se negaron a asegurar esta libertad a quienes necesitan de ella en momentos tan dramáticos.
Sin embargo, en general, la oposición del partido de Casado antes y de Feijóo ahora -que en esto no han cambiado nada-, ha sido de una intencionalidad diáfana: todo vale para dañar al Gobierno, aunque de paso se dañe al conjunto de los españoles.
¿Cómo explicar, si no, la contradicción en que incurre el PP cuando denuncia la escalada de los precios, al tiempo que trata de tumbar la rebaja de los precios en los combustibles que el Gobierno lleva al Congreso?
Esta misma estrategia irresponsable sirve para explicar el bloqueo mantenido hasta ahora en la renovación del gobierno de la Justicia. Desde hace más de tres años, el PP se ha negado a cumplir el mandato constitucional por razones puramente partidistas.
Otros grupos parlamentarios también han participado en ocasiones de la dinámica de obstaculizar iniciativas de ley, por razones ajenas al propósito o al contenido de la propia ley.
Ciertos grupos aducen, por ejemplo, su negativa a “dar estabilidad al Gobierno”, porque algunos de sus dirigentes se hallan en situación de huidos de la Justicia. Otros hacen uso de sus votos en la convalidación de decretos o en la aprobación de dictámenes para denunciar hechos o contenciosos legítimos, pero que nada tienen que ver con lo que se vota…
Hemos sacado adelante 140 leyes, ciertamente, pero aún queda casi media legislatura por culminar, y sería deseable, incluso exigible, que hubiera menos motivos para celebrar los triunfos parlamentarios “in extremis” del Gobierno, y más razones para constatar la responsabilidad y coherencia de todos los grupos a la hora de tramitar las leyes que amplían derechos y bienestar para las mayorías sociales.
Ojalá.
