Si alguna ventaja puede extraerse del discurso del nuevo presidente electo en la comunidad catalana es su claridad meridiana. Ya no hay lugar a dudas o equívocos. El máximo representante del separatismo catalán promueve la ideología del supremacismo y el odio racial, y se declara dispuesto a quebrar la legalidad democrática para alcanzar sus metas.
Ahora bien, Quim Torra ha sido propuesto por el ex-presidente catalán Puigdemont, huido de la justicia por golpismo, pero ha sido elegido por una mayoría de diputados en el Parlamento autonómico. Hasta 66 diputados separatistas han votado a un presidente con un pensamiento y una trayectoria bien conocida por su xenofobia radical, anti-española, anti-francesa y anti-europea. Si comparten su pensamiento y sus planes, es terrible. Y si no lo comparten, también.
La mayoría de los representantes de la sociedad catalana han investido presidente a un individuo que proclama que ‘no es natural hablar español en Cataluña’, que ‘aquí no cabe todo el mundo’, que sobran ‘los que no asumen nuestras señas de identidad’, y que ‘los españoles son bestias, carroñeros y víboras’. Se trata de un señor que admira públicamente a la formación Estat Catalá, conocida por proclamar ‘la superioridad de la raza catalana’ durante la Transición Democrática.
No hace falta recordar que fueron precisamente estas ideas enfermizas, con expresiones casi calcadas, las que fomentaron el odio criminal entre seres humanos, la quiebra de la convivencia y la confrontación civil entre españoles y entre europeos durante el siglo XX. No cabe relativizar su gravedad, ni poner paños calientes. Este señor es peligroso, porque sus ideas y sus intenciones son peligrosas. Y quienes le han elegido han asumido una gran responsabilidad.
Porque, además, Torra acaba de asegurar pública y solemnemente que sus referencias legitimadoras a la hora de gobernar no proceden del ordenamiento jurídico vigente. Sus únicas referencias explícitas son tres: la voluntad del ex-presidente golpista, el ‘mandato’ del referéndum fraudulento del 1 de octubre, y el objetivo ‘irrenunciable’ de constituir una República catalana al margen de la legalidad constitucional. No cabe mayor desafío a nuestra democracia y a nuestra convivencia en paz.
Y ante tamaño desafío, la democracia española solo puede reaccionar de una manera: con la firme determinación de hacer frente a la amenaza separatista y supremacista, con las herramientas que proporcionan la ley y la política. Con serenidad, con proporcionalidad y con contundencia.
No caben atajos preventivos. Los demócratas tenemos el amparo y la legitimidad de la ley. Mientras el desafío se limite a los discursos irracionales, y ojalá se quede ahí, hagámosle frente con el discurso de la razón. Y en cuanto el discurso de paso a la acción contraria al orden constitucional, si sucede, aplíquese la ley, con la proporción y la contundencia precisas, en defensa de los derechos y la libertades de todos los españoles, catalanes incluidos. Aplicando el artículo 155 de la Constitución si fuera necesario, que para eso se promulgó.
Y en paralelo, hagamos política también. Porque resulta imposible asumir que más de un 40% de catalanes puedan sentirse representados en las ideas y en los hechos de Quim Torra y de quienes le han hecho presidente. No podemos admitir que más de un 40% de catalanes comparte el discurso del odio racial.
Por tanto, es necesario promover el diálogo y el entendimiento en torno al presente y al futuro del modelo territorial del Estado, al encaje de Cataluña en tal modelo y a la consideración que merece la identidad catalana, en el marco de una España y una Europa de identidades plurales, diversas y libres. Los socialistas hemos promovido un escenario parlamentario útil con este fin. Aprovechémoslo.
