septiembre 2020 - IV Año

TRIBUNA

La ciudadanía decide

genteEn el actual escenario político global, donde se puede observar el avance de los propulsores de las políticas nacionalistas, proteccionistas y de un neoconservadurismo caracterizado por propuestas retrogradas e involucionistas y donde el paso lo marca una estética oscura y un discurso catastrofista y nihilista, que a veces raya en el ridículo, España se encuentra amenazada de sumirse y sumarse a la tendencia oscurantista de las fuerzas políticas que hacen crecer la animosidad obstructiva y violenta en una parte de nuestra sociedad que se distingue por su ignorancia ilustrada , y es ese y no otro el concepto de ‘populismo de derechas’.

Frente al avance de estas fuerzas de derecha regresiva, la derecha tradicional, sin rumbo y sin proyecto para la evolución y el progreso, se ve arrastrada a un frente común con los imitadores de los Fasci italiani di combattimento (literalmente, fasces italianos de combate, facciones o bandas en latín, para la imposición de un estado gregario, de corte ultranacionalista, sectario y que esconde un grandioso complejo de inferioridad), pero con la iconografía del nacional catolicismo.

La amenaza no es una simple quimera, es una posibilidad real y así como en el centro y norte Europa (Polonia, Hungría, etc.), en EE. UU. y en Brasil, por citar algunos, ya es una realidad y han alcanzado el poder, en nuestro país se preparan para el resurgir de la infamia. Por eso hoy, parafraseando a Voltaire, hay que elevar la voz y gritar ‘basta a la infamia’.

En España hablan por sí solos los indicadores y vemos que la tasa de envejecimiento aumenta desde el 2008 y se ha disparado desde 2014 sin que el año actual suponga una excepción. En este contexto, analizar el factor de la edad hace que nos veamos obligados a prestar una atención prioritaria a los jubilados/as, a la gente de la tercera y la cuarta edad.

Por otra parte el problema de las injusticias y desigualdades no se ciñen solamente a los mayores, están otras importantes desigualdades, y no derivadas solamente de las situaciones de paro, bajos salarios, precariedad laboral, o del insuficiente nivel educativo, etc., sino que forman parte de la otra cara de la moneda del crecimiento económico que no alcanza a todos por igual, observamos por tanto un crecimiento desigual tanto en lo personal como en lo social, que ocasiona las graves consecuencias citadas anteriormente. Necesitamos otra ley laboral, que asegure la salida de la crisis también para los ciudadanos trabajadores.

Según datos de la última ‘encuesta de condiciones de vida’ del INE, el 21,6% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza. Un estudio, elaborado por la consultoría InPactos, revela que el 29,6% de los jóvenes se encontraba en situación de pobreza relativa en 2016, siete puntos por encima que la población total, y que el 9,5% de los jóvenes se encontraba en pobreza severa, casi tres puntos por encima que la población general. Asimismo, de los datos se desprende que un 37,6% de jóvenes estaban en ese mismo año en riesgo de exclusión social.

El documento precisa que las viviendas de las personas jóvenes presentan ‘peores condiciones de habitabilidad’ y ‘se perciben problemas significativos en las personas jóvenes para afrontar los pagos con la vivienda y también en lo concerniente a la pobreza energética, que afecta a jóvenes y mayores’.

Los datos sobre la Pobreza infantil avergüenzan a una sociedad que se dice avanzada y se enorgullece de encontrarse en ese llamado primer mundo.

Siete de cada diez personas que reciben los salarios más bajos son mujeres, que sólo representan el 34,5% de las personas que más ganan. Dentro de este mismo grupo, cobran hasta un 14% menos que los hombres.

La sanidad, la educación, la atención y la integración social de los discapacitados necesitan de una reforma urgente para que aseguren esos derechos a la ciudadanía.

La investigación científica y el desarrollo de los estudios técnicos, medios y superiores requieren del impulso necesario para entrar en la excelencia que el siglo XXI demanda.

Estos son los retos de la España de hoy, que necesita además rendir respeto a sus muertos para devolverles la dignidad, que también necesita una ley de muerte digna y una importante renegociación desde cero, del Concordato con el Estado Vaticano, más allá de banderas, autobuses pintarrajeados y de mentirosas proclamas.

urnaEl dar por finalizada la vida, de aquellos que vegetan y no viven, de aquellos que están muertos y viven todavía, no es suicidio, sino poner fin a un sufrimiento intolerable.

El que el estado pueda intervenir en los delitos e ignominias que comete la iglesia, no es estar en contra de la religión, sino hacer justicia. Un estado laico otorgaría libertad a las confesiones religiosas, pero a todas, no a una en exclusiva.

Es por todo ello que la ciudadanía debe responder democrática y masivamente para contribuir de manera progresista con su voto, para dar respuesta a las desigualdades y las injusticias.

Yo no se si el proyecto Sánchez, constituye la garantía absoluta para todos los males, lo dudo y, es más, podría estar seguro que humanamente se cometerán errores y puede que se promulguen medidas no enteramente satisfactorias, pero hoy por hoy es la única opción que otorga una esperanza para el cambio, que puede frenar al oscurantismo de la triada que canta loas a las mortajas del pasado.

Y en lo que se refiere al monotema catalán, se hace necesario apelar a la razón y desterrar las fantasías emocionales de los amantes del segregacionismo.

Los independentistas afirman que una vez consigan separarse de España pertenecerán al Espacio Económico Europeo, que da acceso al mercado único sin necesidad de pertenecer a ese bloque supranacional. Sin embargo, la UE ha advertido en muchas ocasiones que eso no sucederá, si Cataluña se convierte en un nuevo Estado, deberá solicitar su ingreso a la institución y cumplir las condiciones rigurosas que esta exige. Un proceso que tarda años, teniendo además en cuenta el veto de uno de los estados miembros, España.

El gobierno catalán cree que éste es un discurso que, en la práctica, la UE no llegará a aplicar. Aunque no hacerlo establecería un precedente que otras regiones con reclamos parecidos al catalán —como la Baviera alemana o la Lombardía italiana, entre muchas otras— podrían intentar aprovechar.

Abandonar la UE sería una de las pérdidas más grandes para Cataluña, ya que dejaría de tener acceso a un mercado en el que las personas y los bienes pueden moverse libremente sin necesidad de visados o tasas aduaneras.

Las empresas y universidades tampoco podrían participar en programas europeos de investigación, que suponen una importante fuente de financiación para muchos científicos.

Por ejemplo, Cataluña tiene asignados 1.521 millones de euros en ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión para el periodo 2014-2020, según datos de la UE.

‘Nadie le prestaría en euros al Estado catalán, así que tendría que imprimir su propia moneda y esta sería brutalmente inflacionista’, según reconocen destacados economistas europeos.

‘Al no ser miembro de la Eurozona, su deuda no se podría utilizar como colateral para pedir financiación al Banco Europeo’, afirmó El presidente del IEE. Así mismo se produciría, como ya se vio en el 2017(1), una fuga de empresas y capitales que no le permitiría hacer frente a pagos como los sueldos de sus funcionarios ‘ni los primeros 100 días’.

Una declaración unilateral de independencia generaría una ‘caída masiva de la actividad’ que produciría un ‘desplome’ de la economía que, a su vez, acarrearía una destrucción de puestos de trabajo.

Por tanto, la única salida viable, razonable y lógica es la federalización del estado que dé respuesta a las demandas afectivo-culturales, pero con la implementación de políticas progresistas en el marco de un estado social, abierto, multicultural, democrático e igualitario.

Por último, me place finalizar este articulo con la cita del art. 28 b de los estatutos del PSC, aprobados en el 2015, que asegura:

b/ ‘El respeto a la libertad de conciencia, al libre pensamiento y a la libre expresión de cada uno de los y las militantes. La libertad de discusión y de expresión será absoluta en todos los niveles del Partido.

La voluntad recogida en este articulo referencia el pensamiento que se quiere hacer extensible a toda la ciudadanía.

Nota: (1).- Aunque en el 2017 las empresas radicaron fuera de Cataluña su razón social, sin embargo dejaron la mayoría de sus oficinas y producción.

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