diciembre 2021 - V Año

TRIBUNA

La Ley de Memoria y las falsas polémicas

La promulgación de leyes de memoria democrática constituye un deber moral para aquellas sociedades que han conquistado la democracia tras sufrir regímenes dictatoriales. Se trata de una obligación ética ineludible para valorar debidamente lo conquistado, para evitar el olvido y para neutralizar los intentos de reversión.

En el caso de España, además, el sufrimiento por la represión franquista es lo suficientemente reciente y dramático como para convertir esta iniciativa legal en un imperativo a compartir por todos los demócratas sin excepción. La ley de la Memoria Democrática constituye una buena oportunidad para reafirmar los principios constitucionales y afianzar la convivencia democrática.

Por eso resultan difíciles de entender las falsas polémicas con que algunos grupos políticos han recibido el proyecto del Gobierno que, desde el primer momento, ha estado abierto a las aportaciones de quienes han tenido la voluntad de mejorarlo.

Porque no es cierto que el proyecto de ley reniegue de la Transición Democrática. Todo lo contrario. Quienes dicen tal cosa reconocen de facto no haber leído ni tan siquiera el primer párrafo de la exposición de motivos.

Tampoco es cierto que el proyecto reconozca la impunidad de los crímenes del franquismo, como aseguran otros. Antes al contrario, la propuesta del Gobierno subraya el carácter imprescribible y no amnistiable de los delitos de lesa humanidad en España, en aplicación del Derecho Internacional Humanitario suscrito por nuestro país.

El proyecto de Ley de Memoria Democrática tiene vocación de unir y cohesionar a los demócratas, no de dividir y confrontar a las formaciones políticas que les representan.

Tres son los grandes propósitos del proyecto. Celebrar la democracia que abrió la Constitución de 1978, como el periodo más brillante de nuestra historia contemporánea. Preservar, reconocer, dignificar y reparar la memoria de quienes sufrieron represión por defender los principios democráticos. Y garantizar que la sociedad española no vuelve a cometer los errores de nuestro pasado más trágico.

Todo lo demás puede hablarse, tratarse y acordarse. Porque la Ley de Memoria ha de ser la ley de todos los demócratas.

La ley vigente de memoria histórica data del año 2007, fue impulsada por otro gobierno socialista, el de Zapatero, y en su día constituyó un avance sustancial para las reivindicaciones memorialistas. Pero en el año 2011 llegó el gobierno del PP y la aplicación de la ley se frenó en seco.

Desde entonces se han producido modificaciones sustanciales en la regulación internacional de la protección de los derechos humanos, que implican la necesidad de una ley actualizada en España.

El proyecto de Ley de Memoria Democrática que se tramita en el Congreso introduce novedades de gran interés y alcance. Declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones producidas durante la dictadura por razones políticas. Regula un Censo Estatal de Víctimas. Reconoce especialmente el papel activo de las mujeres en la lucha por la democracia.

La ley establece la competencia estatal en la búsqueda y exhumación respetuosa de las personas desaparecidas. Crea el Banco Estatal de ADN de Víctimas para auxiliar a la ciudadanía en búsqueda de sus familiares. Regula el acceso gratuito a los fondos y archivos públicos y privados, y crea un censo de fondos documentales para la Memoria Democrática.

Se configura también el Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Plantea una auditoría pública para identificar daños y bienes expoliados que aún no hayan sido objeto de reconocimiento y reparación. Regula la adquisición de la nacionalidad española para los nacidos fuera de España de padres o madres exiliados, así como para los descendientes de los brigadistas comprometidos con la democracia en nuestro país.

Establece medidas para retirar símbolos que ofendan la dignidad de las víctimas. Revoca títulos y distinciones otorgadas por la dictadura. Promueve la Memoria Democrática en los ámbitos educativos y en la formación del profesorado. Resignifica el Valle “de Cuelgamuros” y extingue la Fundación de la Santa Cruz, así como todas las fundaciones que se dedican a la apología del franquismo…

Estos son los contenidos reales del proyecto de Ley de Memoria Democrática registrado por el Gobierno en las Cortes, así como de las enmiendas presentadas por los grupos que le apoyan. A partir de ahí han surgido varias controversias indeseables, porque no se atienen a la verdad de lo propuesto o porque conllevan una evidente intención aviesa.

Se dice que el proyecto “rompe” con la Transición Democrática, y es radicalmente falso. Todo lo contrario. El texto reivindica la Transición, la Constitución de 1978 y la Ley de Amnistía de 1977, que forma parte indeleble de aquel proceso que alumbró nuestro vigente sistema de derechos y libertades.

Se asegura, por otra parte, que la propuesta “consolida” la impunidad de los crímenes del franquismo, cuando en realidad los denuncia, los repudia y subraya la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Derecho Internacional que declara imprescribibles los delitos de guerra, de genocidio, de lesa humanidad y de torturas.

Algunos denuncian que no se plantea la obligación de reparar daños y bienes incautados, cuando la propuesta incluye literalmente “medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura” que, lógicamente, habrá que auditar y concretar.

Vayamos a la Ley de Amnistía. Hay quienes plantean reformar esta ley clave en nuestra Transición a la democracia para suprimir ahora, más de cuarenta años después, los apartados e) y f) de su artículo segundo. Estos apartados declaran “comprendidos en la amnistía” los delitos y faltas que pudieran haber cometido “las autoridades, funcionarios y agentes del orden público”.

Pero, ¿qué se pretende en realidad con esta derogación parcial de la Ley de Amnistía? Si, como dicen algunos, el propósito es la condena por esta vía a “los jerarcas del franquismo que quedan vivos”, se incurre en un grave error. El artículo 9.3 de la Constitución garantiza “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”, por lo que cualquier reforma legal que entre en vigor en el año 2021 o 2022 sería inaplicable en el sentido que se pretende.

Si, como interpretan otros, lo que se pretende en realidad es denostar por esta vía la Transición Democrática española y lo que llaman “el régimen del 78”, no nos parece justo ni aceptable. La sociedad española en su conjunto, y muchos militantes de izquierda en particular, hubieron de luchar duro, con mucho sacrificio, para conquistar ese “régimen” que hoy asegura nuestros derechos y nuestras libertades. No vamos a poner en cuestión esa lucha digna, aquellos terribles sacrificios, y su fruto legítimo en la Constitución que ampara nuestra democracia.

El proyecto de Ley de Memoria Democrática bebe directamente del Derecho Internacional Humanitario y sus principios rectores de verdad, justicia, reparación y deber de no repetición. Y no existe razón alguna que pueda explicarse para oponerse a su tramitación, mejora y aprobación definitiva.

Nada se espera a este respecto de parte de la ultraderecha nostálgica de la dictadura, como es lógico. Esta ley va directamente contra sus intereses.

Sí cabe esperar mucho más de la derecha democrática, sin embargo. La derecha democrática fue partícipe de la Transición y de la Constitución del 78, si bien no votaron la Ley de Amnistía y buena parte del texto constitucional que hoy intentan patrimonializar incluso.

No hay razón para que el PP no se sume, como hace la derecha alemana, francesa o italiana, a los esfuerzos por condenar los totalitarismos y afianzar los valores democráticos; con una buena Ley de Memoria, a la manera en que se hace en toda Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Y, desde luego, resulta imprescindible la colaboración activa de las formaciones progresistas para completar y mejorar la propuesta registrada por el Gobierno, y enmendada ya por los grupos que le apoyan en el Congreso. Ahí les esperamos.

La memoria no es solo un derecho en toda sociedad libre, sino un deber inexcusable para no acabar perdiendo esa libertad.

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