Perú es un país rico, materialmente rico. Su riqueza se apoya fundamentalmente en la minería, su primera actividad económica, en la que el cobre despunta, siendo el segundo productor mundial. Pero esta abundancia no se traduce en que Perú sea un país literalmente rico. El boom de los precios sobre los minerales, entre 2003 y 2013, permitió bajar la pobreza de un 50% al actual 25%, pero la informalidad que impera en el mercado laboral, por encima del 70% según organismos oficiales, hace que el optimismo económico no alcance a todos por igual, especialmente cuando el sector más boyante repercute cada vez con menor incidencia en los números del país al descender su aportación tributaria.
Desde los años 90 Perú ha asumido una apuesta por la minería como motor de su crecimiento. Para ello, ha promulgado un marco jurídico que atrajera la inversión. En él se incluyen tanto exoneraciones como beneficios tributarios, así como la posibilidad para las grandes empresas de contar con contratos de estabilidad jurídica que las protejan de cambios en el esquema tributario. Recientemente se ha presentado un informe editado por CooperAcción, Grupo Propuesta y OXFAM que bajo el título ‘Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero’ aborda las consecuencias de estas reiteradas políticas proteccionistas del sector minero, a partir del estudio de los casos de las minas de Las Bambas (Apurimac) y Cerro Verde (Arequipa), dos de las mayores productoras de cobre del país.
La conclusión a la que llegan sus autores, César Flores, Carlos Quiñones, Epifanio Baca y José de Echave, es que si bien la producción minera ha crecido de manera continua a lo largo de los años el aporte al fisco de ésta cayó del 24,7% en 20117 al 5,4% en 2016. A este descenso hay que sumar el producido en el impuesto a la renta, del 50,9% en 2017 pasó al 4,6% el año anterior. Un tema adicional que genera preocupación es que durante 2016 las devoluciones realizadas por SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) al sector minero fueron superiores a su aporte debido al régimen de recuperación anticipada del IGV (Impuesto General de Ventas).
A las grandes cifras habría enfrentar las más pequeñas que inciden directamente sobre la población. Las comunidades aledañas a los grandes centros mineros o petroleros sufren el sobrecoste de la riqueza. Los precios de la vivienda, la alimentación y los productos básicos son más elevados que en el resto del país. La riqueza no parece sobrepasar los márgenes de las empresas. Un paseo por Challhuahuacho, el centro urbano próximo a la mina de Las Bambas, muestra una ciudad en la que no hay calles asfaltadas ni ningún tipo de servicio público, más allá del centro de salud y la escuela. La riqueza parece producir pobreza a aquellos que no se benefician directamente de la actividad minera.
El estudio llama en sus conclusiones a una evaluación por parte del Estado de cuál es el propósito de los beneficios tributarios, si la ayuda a la sostenibilidad de las empresas o la generación de ingresos extraordinarios. Dado que Perú cuenta ya con el nivel de costos de producción directa por tonelada de cobre más bajo en el mundo, debido al bajo costo estructural de la energía, el agua y la mano de obra, el margen de beneficio debería evitar que el Estado se debilite de manera injustificada en temas de recaudación.
Las grandes empresas dedicadas al sector minero o hidrocarburos no parecen compartir esta apreciación. La Defensoría del Pueblo en reunión mantenida con miembros de la prensa extranjera llamó la atención sobre los más de 90 procesos abiertos (contenciosos administrativos, tributarios, de amparo y procedimientos ante INDECOPI) por empresas mineras contra OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), a los que habría que sumar un proceso de acción popular promovido por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía contra la Presidencia de Consejo de Ministros cuestionando la legalidad del Aporte por Regulación que las empresas mineras y petroleras han de hacer a la OEFA. Y todo ello a pesar de que en julio de 2014 fue promovida la Ley 30230, que en su propósito de promover la inversión establecía en su artículo 19 un plazo de tres años en el que OEFA en vez de multar a las empresas infractoras sólo las podría sancionar por un monto no superior al 50% de la multa y sustituible por acciones orientadas a la prevención y corrección de las conductas infractoras. OEFA fue creada en 2008 para asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección ambiental. Comenzó a operar en 2010. Su eficiente funcionamiento debería de crear y fortalecer los lazos de confianza entre la población y las empresas. Según su propia definición expuesta en su página web ‘la pronta identificación de incumplimientos a la normativa ambiental previene la génesis de conflictos socioambientales’, y no está desorientada esta apreciación. Según cifras de la Defensoría el 70% de los conflictos sociales son de naturaleza socio ambiental, la mayoría vinculados al sector minero, y de éstos más de la mitad corresponden a problemas ambientales y sociales. Tan sólo un 20% a la oposición a las actividades extractivas. Alicia Abanco, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas en la Defensoría del Pueblo, señala que ‘en Perú un grueso de los conflictos está vinculado al temor de la población a la contaminación que puedan sufrir y también a la desconfianza respecto a la capacidad del estado para defender sus derechos‘.
El temor no es infundado, así como tampoco la desconfianza hacia los organismos estatales, en torno al 20% de los conflictos están causados por la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre comunidades y organismos gubernamentales o empresas. Además, la capacidad del Estado para llegar a los rincones más alejados, donde no sólo las distancia es un impedimento, sino la propia naturaleza del país (la selva ocupa más de la mitad de su territorio), y la falta de infraestructura de transporte hacen que los servicios esenciales de salud y saneamiento no lleguen suficientemente. Si se suma las consecuencias de una explotación de recursos en la que el impacto medioambiental no se ha tenido en cuenta o se han vulnerado las normativas de seguridad, la conclusión da como resultado un cóctel de continuas tensiones que por un lado amenazan la paz social y por otro desincentivan el ánimo inversionista, circunstancias que impiden a la población creer en el milagro peruano y alejan al país del ansiado sueño de su presidente, pedro Pablo Kuczynski de llegar a ingresar durante su mandato en la OCDE.
