diciembre 2022 - VI Año

TRIBUNA

Verdades y mentiras sobre la Ley de Memoria

Reivindicación de la Ley de Memoria frente al Congreso de los Diputados. Imagen: rtve

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática ha sido aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados con un respaldo amplio: 173 votos a favor, 159 votos en contra y 14 abstenciones.

Como cabía esperar, la gran mayoría de los grupos progresistas han apoyado la ley, mientras que las derechas se han opuesto. Nada nuevo. Siempre fue así. A diferencia de la derecha democrática europea, las derechas españolas se resisten a marcar distancias respecto al pasado totalitario y fascista.

El PP ha caído incluso en la mezquindad de utilizar el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, para zaherir al Gobierno y camuflar su negativa a socorrer a las familias de las víctimas del franquismo que aún yacen de manera indigna bajo tapias y cunetas.

Los apoyos sociales han sido también previsibles: el conjunto del movimiento memorialista, los organismos internacionales especializados en la defensa de los derechos humanos, los principales historiadores, los departamentos universitarios especializados en memoria, los sindicatos de clase UGT y CCOO, así como un largo etcétera de referentes progresistas nacionales e internacionales.

No obstante, la Ley de Memoria ha recibido algunas críticas inesperadas.

Antes que nada, cabe establecer distintos grados de legitimidad en ellas. Desde luego, hay que reconocer toda la legitimidad a quienes discuten lo que sin duda es discutible, incluso a quienes yerran de buena fe en sus argumentos.

Menos legitimidad merecen quienes descalifican aquello que no se han molestado en leer, y han de recibir un reproche grave aquellos que mienten a sabiendas y con ánimo de hacer daño. No es difícil identificar a estos dos últimos perfiles. Jamás justifican sus descalificaciones con un entrecomillado de la ley.

Mienten con dolo, claro está, quienes desde la derecha aseguran que la ley traiciona o desconsidera nuestra Transición Democrática y nuestra Constitución de 1978. Y quienes afirman que la la ley extiende el ámbito temporal de las investigaciones por crímenes franquistas hasta 1983. Y quienes dicen que la ley ofende a las víctimas del terrorismo. Y quienes plantean que su aprobación se ha debido al voto de Bildu.

Mienten y lo saben.

Hablan y escriben demasiado a la ligera quienes, sin ser de derechas, y sin leer o sin tener en cuenta la verdad de la ley, suscriben aquellas falacias y colaboran, consciente o inconscientemente, en el daño que pretenden.

Hace tiempo que renunciamos a pedir nada a aquellos primeros, pero sí cabe rogar a estos últimos que reconsideren sus palabras y su actitud, a la luz de una simple lectura del texto legal. De hecho, algunos ya han rectificado. Se agradece.

La verdad de esta ley está en sus tres propósitos, nobles y diáfanos. Condenar el régimen franquista, al que se declara ilegítimo e ilegal. Dignificar a sus víctimas, a las que se reconoce y protege hasta el punto de responsabilizar al Estado de las numerosas exhumaciones pendientes. Y reivindicar la Transición, que alumbro la democracia y las libertades para la ciudadanía española.

Las mentiras han sido muchas. Pueden subrayarse siete, al menos, por su grado de ignominia.

Es mentira, efectivamente, que la ley menosprecie siquiera nuestra Transición y nuestra Constitución, puesto que ya en su primera página califica a la primera como “el logro histórico más significativo de la sociedad española” y a la segunda como “la más clara apuesta de convivencia en el futuro”.

Es mentira que la ley derogue o desmerezca la Ley de Amnistía de 1977, puesto que ya en su página cuarta la reivindica como la respuesta a una “reclamación histórica de la oposición antifranquista”. Descalificar la disposición alusiva a que toda ley debe aplicarse “de conformidad con el derecho internacional” es descalificar la propia Constitución de 1978, que lo mandata así en su artículo décimo.

Es mentira que la ley extienda su ámbito temporal de aplicación hasta 1983, o que plantee investigar crímenes franquistas hasta ese año. El artículo 29 de la ley garantiza “el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura, así como en el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española”.

Porque quienes tergiversan la Disposición Adicional 16 de la ley, en la que se alude al plazo 1978-1983, parecen ignorar, o pretenden eludir, su literalidad: “una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos”. No hay investigación. No hay participación de la Fiscalía. No hay alusión a crímenes franquistas. Tal estudio habrá de atender, por empleo, a los asesinatos del dirigente vecinal Arturo Pajuelo y de la joven izquierdista Yolanda González, ambos a manos de bandas ultraderechistas.

Por cierto, que muchos de los que se escandalizan porque esta ley de memoria incluye referencias temporales hasta más allá de la promulgación de la Constitución, parecen ignorar que la ley de memoria de Andalucía (2017) extiende su ámbito temporal hasta el año 1982, como otras normas autonómicas, sin que nadie pretendiera obtener conclusiones ilícitas de ello, ni a derechas ni a izquierdas.

Es mentira, una sucia mentira, que la ley ampare a los asesinos de la banda ETA. Aquella disposición 16 menciona claramente el estudio de “supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia”, y no a criminales terroristas.

Es mentira también, por tanto, que la ley afrente a las víctimas del terrorismo. Entre otras razones, porque esta no es su ley. Las víctimas del terrorismo tienen su propia ley: la ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, también impulsada por un Gobierno socialista, claro. Enfrentar a unas víctimas con otras, como ha tratado de hacer Feijóo, es de una gravedad inaudita.

Es mentira que el contenido esencial de esta disposición 16 sea obra o exigencia de Bildu. Cualquiera que se moleste en leer la documentación aneja a la tramitación de la ley en la web del Congreso, podrá comprobar que esa disposición parte de la Enmienda número 227, cuya autoría es de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos. También es falso que Bildu reclamara con éxito la fecha final de 1983. Jamás citaron tal fecha en exposición, escrito o negociación alguna, como han reiterado varias veces. La fecha la fijó el Grupo Socialista, una vez más.

Como es mentira que la aprobación de esta ley se deba a Bildu. Quien manifiesta esto no solo ignora la verdad, sino la pura aritmética. Los votos a favor de la ley en el pleno del Congreso fueron 173 y los votos en contra fueron 159. Aunque los cinco diputados de Bildu hubieran decidido votar en contra o abstenerse, la ley hubiera salido igualmente adelante. Falsedad política y aritmética, por tanto.

Y es mentira, finalmente, que esta ley suponga una rectificación o un giro del Gobierno Sánchez, respecto a la ley de memoria histórica impulsada por el Gobierno Zapatero en el año 2007. Como el propio Presidente Zapatero ha explicado ya, aquella ley supuso un avance extraordinario en la recuperación de la memoria, pero, quince años después, la paralización llevada a cabo por el Gobierno Rajoy, las nuevas recomendaciones de diversos organismos internacionales sobre derechos humanos, y las demandas del movimiento memorialista, recomendaban una regulación actualizada.

Con toda seguridad, estos datos y estos argumentos no disuadirán a los calumniadores e injuriadores que tratan, una vez más, de deslegitimar al Gobierno legítimo de España. Lo volverán a intentar, y volverán a fracasar. Está en su naturaleza.

Espero, sin embargo, que sirvan para arrojar algo de luz sobre aquellos que pretendan hacerse y hacer un juicio justo sobre esta ley de justicia.

Rafael Simancas

Diputado en el Congreso por el PSOE. Profesor de Teoría Política de la Universidad Rey Juan Carlos

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