La situación en torno al Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es de una gravedad extraordinaria. Se trata de instituciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia que asegura los derechos y las libertades de todos los españoles.
El órgano de gobierno del Poder Judicial lleva más de cuatro años caducado, y la mayoría de vocales derechistas se niegan a cumplir el mandato legal de designar dos Magistrados del Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, el alto Tribunal mantiene bloqueado el nombramiento de los dos Magistrados designados legítimamente por el Gobierno de España.
Este secuestro del gobierno del Poder Judicial y del Tribunal que interpreta la Constitución no tiene precedentes en la etapa democrática que inauguró la Transición, y jamás ha ocurrido en país alguno del resto de Europa.
Estamos ante un sabotaje intolerable a la Constitución de 1978 y a nuestro régimen de libertades.
Los culpables de esta situación son tan perfectamente identificables como la estrategia que traen entre manos. La derecha política y judicial pretende ignorar el resultado de la voluntad de la ciudadanía española expresada en las urnas, para seguir manteniendo en sus manos poderes que no les corresponden, contraviniendo la Constitución y las leyes vigentes.
La argumentación del jefe de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo, es intolerable. Al asegurar públicamente que bloquea la renovación de los órganos constitucionales “para protegerlos” del Gobierno de España, está negando legitimidad al Gobierno respaldado democráticamente por los españoles.
Para responder a esta conducta, los grupos parlamentarios del PSOE y de UP han impulsado una doble reforma legal. Por una parte se establece un procedimiento reglado para sortear la rebelión anticonstitucional de los vocales derechistas del CGPJ. Se fija un plazo para que los vocales presenten candidatos al TC, y se designan los candidatos más votados. Se incluye, además, una advertencia de responsabilidad penal ante eventuales nuevos incumplimientos de la ley.
Otra reforma legal deja claro que Gobierno y CGPJ pueden designar sus candidatos al TC de forma no simultánea, y se priva a la mayoría derechista del alto Tribunal del mecanismo de verificación que estaba utilizando para bloquear el nombramiento de los nuevos Magistrados. La verificación de requisitos objetivos se llevará a cabo a posteriori, como ya ocurre en otras instituciones.
La mayoría de la representación democrática de la ciudadanía española en las Cortes Generales se ha visto obligada a adoptar estas reformas, ante la situación inédita de secuestro de las instituciones democráticas por parte de la derecha política y judicial.
No es cierto que la reforma vulnere la separación de poderes o norma procedimental alguna. La reforma legal es competencia del poder legislativo, y el poder legislativo lo ejercen los legisladores.
Tampoco es verdad que estas modificaciones vayan “contra Europa”. Nadie encontrará directiva o norma alguna en vigor que contravenga lo propuesto por los grupos parlamentarios socialista y de UP.
Los representantes de la ciudadanía no podemos permitir el secuestro de instituciones clave para la convivencia democrática, como son el gobierno del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Hay que defender la democracia.
