abril de 2024 - VIII Año

Política y salud pública en la COVID-19

Como en otras profesiones, también en la medicina parece existir una confluencia de los hechos y los valores en la toma de decisiones, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y de igual forma en las intervenciones para la prevención y promoción de la salud.

Tal como expone Sans Pinillos en el libro Epistemología e Innovación en Medicina, la percepción que tenemos de la enfermedad y de las acciones para paliarla están directamente relacionadas con el contexto donde se producen. Esto, que viene a demostrar la estrecha relación entre los hechos biológicos y los valores, es lo que explica en parte la diversidad de las medidas frente al COVID-19 que se han adoptado en los distintos países.

Al inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud desarrolló un documento para guiar a los países en la toma de decisiones en salud pública, que incluía los criterios para los aislamientos, el establecimiento de cuarentenas o el rastreo de contactos, entre otros. Sin embargo, a pesar de que estos se basan en indicadores epidemiológicos objetivos, las actuaciones llevadas a cabo por los países han sido muy heterogéneas, lo que parece encontrar una explicación en la dimensión axiológica de las decisiones en políticas de salud.

En una clara referencia a la relación entre políticas y salud pública, Desvars-Larrieve ha graduado las estrategias de control de la pandemia según el sistema político, las cuales van desde una laissez-faire en los países más liberales a intervenciones agresivas como las llevadas a cabo en China.

Y, aunque es cierto que durante las distintas olas pandémicas se ha ido virando de unas a otras según la situación epidemiológica, subyace una tendencia a desarrollar unas u otras en base a un mayor interés por las libertades individuales o por el bien colectivo.

Las drásticas políticas de confinamientos y rastreos masivos en China contrastan con la progresiva relajación de medidas en Europa y Estados Unidos. A diferencia de las democracias liberales, con un fuerte carácter individualista en el control de la COVID-19, países como China han aplicado un autoritarismo paternalista, donde el bien de la colectividad se sitúa por encima de los derechos individuales, recurriendo a la toma de decisiones centralizada para imponer intervenciones en salud pública.

Mientras que, por un lado, las medidas adoptadas en China parecen que han tenido más éxito en los confinamientos y en la recuperación económica, desde el punto de vista epidemiológico pueden estar reduciendo la inmunidad natural, haciendo más difícil el control de la enfermedad a largo plazo. Pero, por otro lado, una excesiva relajación en las actuaciones, como está ocurriendo en algunos países occidentales, puede dar lugar a un aumento de la incidencia y de los niveles de riesgo. Como quiera que la percepción de la COVID-19 depende de tales políticas, debemos ser cautos a la hora de determinar la “normalidad” porque, en esta pandemia, el desequilibrio de la balanza hacia un lado u otro puede tener consecuencias por exceso o por defecto y hacernos retroceder en lo avanzado.

Independientemente de las ventajas o inconvenientes de unas u otras políticas, es esta forma diferente de percibir y actuar frente a un mismo hecho biológico, la COVID-19, lo que pone en un primer plano de discusión cómo los valores se imbrican con los hechos en la toma de decisiones en salud pública. Parte de este conjunto de valores son los derechos humanos, la protección a los más vulnerables o el sostenimiento económico para reducir las desigualdades sociales.

Todos, gobiernos y ciudadanos, tenemos responsabilidades en el control de la pandemia. Los gobiernos tomando decisiones dirigidas a la búsqueda del bien común, integrando los aspectos económicos y sociales con los datos facilitados por los expertos en salud pública, pero respetando los derechos fundamentales de las personas. Y los ciudadanos deben realizar un ejercicio de responsabilidad, protegiéndose a sí mismos y a los más vulnerables, pero para ello tienen que conocer el riesgo real de la COVID-19 en cada situación epidemiológica, y a este conocimiento de la realidad solo nos podemos aproximar desde la transparencia en la información que se recibe por parte de los expertos y los políticos.

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Archivo Entreletras

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