Tras los funestos acontecimientos acaecidos en Ceuta esta pasada semana con la irrupción descontrolada de miles de personas procedentes de Marruecos —un desastre que se suma a la ya larga lista de episodios trágicos que España viene padeciendo—, me he permitido reflexionar acerca de cómo se transmiten estos hechos y qué palabras, expresiones y conceptos empleamos para describirlos y responder a ellos.
Me he percatado de que, en gran medida, utilizamos un lenguaje profundamente vacío: un discurso plagado de significantes desprovistos de significado que, cuando pretenden tenerlo, distan estrepitosamente de la realidad a la que debieran remitir. Como advirtió George Orwell en su ensayo Politics and the English Language, publicado en la revista Horizon, en abril de 1946 (Volumen 13, número 76, pp. 252–265), y que no me puedo privar de citar directa y ampliamente aquí:
«Tan pronto como se plantean ciertos temas, lo concreto se derrite en lo abstracto y nadie parece capaz de pensar en giros lingüísticos que no sean trillados: la prosa consiste cada vez menos en palabras elegidas por su significado, y cada vez más en frases pegadas como las secciones de un gallinero prefabricado». Con ello, Orwell sostiene que la degradación del lenguaje y la atrofia del pensamiento se retroalimentan en un círculo vicioso: al sustituir la palabra concreta y pensada por el cliché prefabricado, la mente renuncia a la precisión conceptual. Cuando el discurso pierde su arraigo en las cosas y en las imágenes reales, el pensamiento se vuelve perezoso e inerte, lo que incapacita al ciudadano para la crítica consciente y convierte la acción política en una mera adhesión acrítica o en una anestesia colectiva.
Al perseguir la etiología de esta patología social, no hallo más causa que un triple vaciamiento de nuestras instituciones y de nuestro pensamiento. En primer lugar, la paulatina evisceración de los enunciados jurídicos: presenciamos el auge de normas que no norman y de leyes incapaces de leer la realidad, desprovistas del esquema nómico por antonomasia que enlaza el supuesto de hecho a su consecuencia de Derecho (si A, entonces B). Salvo contadas excepciones decimonónicas —como el Código Civil en aquellos preceptos que permanecen inalterados desde su aprobación—, el ordenamiento entero, comenzando por la propia Constitución en calidad de Grundnorm, padece una prosa confusa donde la claridad del principio se disuelve en una maraña de matices; un auténtico desordenamiento jurídico que, en lugar de ordenar la convivencia, la sume en un laberinto que destruye la certidumbre. A esto se suma, en segundo lugar, un neopositivismo formalista donde la legalidad ha devorado a la legitimidad: se valida como «justo» todo aquello que adquiere rango normativo por mero trámite procedimental, sin cuestionar si la norma respeta la dignidad de la persona o la justicia sustantiva, incurriendo así en una triste normatividad sin normalidad. Y todo ello desemboca, en tercer y último lugar, en un idealismo lingüístico donde el lenguaje y el Derecho han dejado de ser instrumentos al servicio del individuo para convertirse en medios de colectivización al servicio de ensoñaciones ideológicas, y que muy a nuestro pesar desde la segunda mitad del siglo XX ha venido conformando y modelando, no solo el andamiaje político, sino también el social.
Con estos mimbres, volvemos a Ceuta y aterrizamos la reflexión. Me sorprendía escuchar a diversos actores proferir fórmulas consabidas: «tenemos que dar una respuesta contundente», «hay que respetar los Derechos Humanos», «estamos ante un atentado contra la integridad territorial y la soberanía nacional», o «se va a desplegar al Ejército». Son expresiones que a priori parecen lógicas y hasta necesarias, pero basta un análisis somero para advertir que quienes las pronuncian desconocen o eluden su alcance real.
Nos preguntamos: ¿qué significa exactamente una «respuesta contundente»? ¿Acaso el mero reparto asistencial, o el ejercicio legítimo de la fuerza necesaria y la contención? Cuando apelamos al respeto de los Derechos Humanos —principio irrenunciable para cualquier concepción humanista de la vida en sociedad—, ¿nos referimos a la tutela efectiva y universal de la dignidad de cada individuo o a una proclama abstracta que se aplica de forma selectiva y espuria? Si se afirma que estamos ante una quiebra de la soberanía nacional, ¿no deberían activarse de inmediato los mecanismos ordinarios del Estado para defender esa misma integridad? Y, finalmente, al hablar del despliegue de las Fuerzas Armadas, ¿se contempla su actuación en el marco del mantenimiento de la seguridad mediante el ejercicio de la fuerza legítimamente confiado a través del Estado, quien detenta el monopolio de la violencia o se las concibe como una mera extensión de la labor humanitaria?
La conclusión es inquietante: hemos caído en la terrible dinámica de hablar sin decir. Hemos perdido nuestro lenguaje como se pierde un globo de helio que se escapa de las manos: ha volado tan alto que ya no somos capaces de asir el hilo. Los discursos públicos se reducen a repeticiones huecas incapaces de describir fielmente, y de responder seriamente a los desafíos del día a día, y mucho menos a calamidades de la magnitud de la vivida en Ceuta o a las catástrofes naturales y sociales que periódicamente nos vienen sacudiendo. Proferimos términos aderezados con retazos ideológicos que se pierden en un mar de intenciones sin llegar jamás al puerto de la facticidad.
Es precisamente cuando el concepto de mundo que albergábamos en la cabeza—moldeado por vanas pretensiones ideológicas o anclado en paradigmas ya extintos— se muestra incapaz de resolver los problemas reales, cuando chocamos frontalmente con la realidad. Al despertar de este «sueño dogmático», sentimos la frustración del que vuelve a la vigilia y entrecierra los ojos intentando retener el espejismo que lo consolaba. Así andamos a tientas, buscando el lenguaje perdido: el lenguaje de las cosas y no de las meras abstracciones; el lenguaje que sitúa en el centro a la persona concreta y no al colectivo amorfo; el lenguaje, en fin, de una certidumbre que el Derecho debería garantizar por definición y que hoy nos niega por omisión.
Un lenguaje que paulatinamente se ha ido vaciando de sentido no es sino la falsa promesa de un horizonte numinoso. Si al hablar no decimos, es porque no pensamos; y no pensamos no porque no podamos, sino porque no sabemos y, trágicamente, no queremos saber. Resulta desalentador constatar que tantas instituciones jurídicas hayan quedado reducidas a castillos en el aire, sostenidos por una bruma enteléquica: el Derecho ha dejado de estar al servicio de las personas para exigir que las personas vivas se sometan a la servidumbre del aparato normativo.
Convendrán ustedes, queridos lectores, en preguntarse por qué entrelazo de forma tan estrecha el lenguaje social y el lenguaje jurídico. Lo hago porque el uno es espejo ineludible del otro. Una sociedad que articula y pretende ordenar su polis mediante un lenguaje jurídico insulso, trufado de ambigüedades, temores y cautelas pusilánimes, activa una máquina de desnaturalización del propio lenguaje social. Tales construcciones político-jurídicas terminan por imponer una mordaza conceptual a los individuos: como ya se ha dicho, cuando hablamos no decimos y, por ende, cuando actuamos no resolvemos. Entre el cálculo y la vaguedad, la realidad cotidiana queda desatendida y la nación sin defender.
Es por ello por lo que, cuando una sociedad aquejada de esta patología sufre una calamidad que exige un ordenamiento veraz, auténtico y, sobre todo, eficaz —una crisis que requiere llamar a las cosas por su nombre y asumir sus consecuencias reales—, la respuesta institucional se reduce a un zumbido audible pero inoperante. Un lenguaje vacío es el síntoma de una sociedad amordazada y maniatada: incapaz de articular un discurso riguroso e impotente para ejecutar una acción eficaz.
En el fondo de esta crisis no yace un mero descuido técnico ni una torpeza retórica pasajera; asistimos, en realidad, al enésimo y agónico coletazo del idealismo en Occidente. Un idealismo hipertrofiado que ha mutado y degenerado en una suerte de docetismo político e ideológico, reencarnado hoy en la deriva deconstructivista del posmodernismo y en las distintas modalidades del socialismo contemporáneo.
La genealogía de esta patología intelectual resulta reveladora. Del mismo modo que la antigua herida docetista negaba la densidad real de la carne para reducir la Encarnación a una mera ilusión o sombra fantasmal (dókēsis), el pensamiento hegemónico actual pretende negar la solidez de los hechos —la frontera física, la soberanía efectiva, la verdad objetiva y la dignidad inviolable de la persona concreta— para sustituirlos por la pura apariencia del discurso. Para este docetismo profano, el ser ha quedado eclipsado por el relato; los hechos ya no importan, solo importa la narrativa que los amolda.
Es aquí donde se consuma la ruptura trágica entre el lenguaje vacío de las ideologías y el Logos auténtico. En la tradición humanista y cristiana, el Logos no es un mero código arbitrario o una herramienta de dominación discursiva; es la palabra incrustada en el ser, el principio ordenador que revela la verdad de la realidad y vincula inteligiblemente al hombre con el mundo. Frente a la plenitud del Logos, el posmodernismo —siguiendo la estela del giro lingüístico y la deconstrucción de autores como Derrida o Foucault— reduce la realidad a un texto infinito donde no existe un fuera-de-texto, transformando la verdad en una simple correlación de fuerzas o en un constructo maleable.
Al operar este vaciamiento, se dinamita lo que Edmund Husserl denominó el Lebenswelt: el «mundo de la vida», ese estrato primordial de la experiencia humana, inmediata, concreta y cotidiana donde las personas sufren, aman, trabajan y buscan certidumbre. El docetismo político pretende suplantar el Lebenswelt por una superestructura ideológica y un formalismo jurídico artificial, incurriendo en lo que Eric Voegelin diagnosticó como la tentación gnostizante de la modernidad —en el capítulo IV, «El gnosticismo: la naturaleza de la modernidad», de su obra La nueva ciencia de la política (1952; ed. esp. de Katz Editores, tr. Joaquín Ibarburu, 2006)—: el intento deliberado de descarrilar el orden del ser para sustituirlo por una segunda realidad inventada por el planificador político.
Para Voegelin, el origen de esta patología ideológica se remonta a las especulaciones trinitarias del monje medieval Joaquín de Fiore en el siglo XII. Al postular el advenimiento de una «Tercera Era» impulsada por el Espíritu Santo —en la que la historia terrenal alcanzaría una perfección definitiva y sin mediación espiritual—, Fiore inauguró el patrón simbólico de la modernidad: la inmanentización del sentido de la existencia. Este esquema joaquinita de tres etapas trascendió el ámbito teológico para secuenciarse secularmente en las filosofías progresistas y también positivistas de la historia (desde Turgot y Comte hasta la dialéctica de Hegel y Marx), dando lugar a la ilusión de que el ser humano puede autoredimirse en el tiempo histórico.
En el análisis de Voegelin, la modernidad se define precisamente por esa desacralización de la trascendencia que pretende reemplazar la cognitio fidei (la fe que soporta la incertidumbre de la condición humana) por la gnosis: una falsa certeza intelectual y volitiva que busca el dominio absoluto de la realidad. Al verse incapaz de alterar la estructura ontológica fundamental del mundo —con sus límites, imperfecciones y tragedias inherentes—, el activista político recurre a la proyección de un sistema ideológico cerrado: una ficción conceptual o segunda realidad que opera como un espejismo normativo. En este esquema, el gobernante no busca comprender el orden dado para conducirse con prudencia, sino erigirse en un demiurgo secular que fuerza la experiencia humana a amoldarse a su diseño teórico, cancelando el debate filosófico mediante la prohibición implícita de hacer preguntas racionales (Frageverbot) y abriendo la puerta a la coerción totalitaria cuando la realidad primaria se resiste a ser doblegada por el dogma.
La vigencia de este diagnóstico voegeliniano se hace dolorosamente patente al rastrear la mutación contemporánea de ese idealismo. Al derivar en las formulaciones del socialismo del siglo XXI y el deconstructivismo posmoderno, la premisa de fondo ha permanecido inalterada: la subordinación de la realidad objetiva a la voluntad del ideólogo. El posmodernismo, al consagrar la posverdad y reducir la existencia a un mero entramado de relatos discursivos y relaciones de poder, ha dotado al planificador de la coartada perfecta para declarar la muerte de la verdad objetiva y atrincherarse en su propia narrativa.
Es precisamente por ello por lo que, ante la irrupción de calamidades como la expuesta en este estudio, la respuesta institucional sucumbe a una ineficacia estructural. Aprisionado en la «segunda realidad» que ha diseñado mediante la propaganda y la ingeniería del lenguaje, el poder político no busca actuar sobre las causas reales de la tragedia —las cuales pertenecen inexorablemente al orden del ser y no a la ficción ideológica—, sino preservar a toda costa la coherencia de su relato. Esta obsesión por forzar los hechos a encajar en la doctrina anula la prudencia política, atrofia los mecanismos técnicos de reacción y condena a la sociedad a una parálisis operativa; pues ningún discurso, por hegemónico que pretenda ser, posee la virtud de modificar las leyes inflexibles de la realidad cuando el desastre sobreviene.
Para esta mentalidad, la facticidad empírica se percibe como una molestia impertinente o un arcaísmo que debe disolverse en el crisol de la deconstrucción lingüística o en la utopía de la ingeniería social. Se olvida así que, al despojar al lenguaje y al Derecho de su anclaje en la realidad de las cosas y en la naturaleza de la persona humana, no se libera al individuo: se le expropia de su marco de inteligibilidad y se le deja trágicamente desarmado ante las inclemencias del mundo real.
