Decía Balzac: “Los gobiernos pasan, las sociedades mueren, la policía es eterna”. Es un hecho constatable, que a pesar de los cambios operados en la política española, la Guardia Civil continúa marcada por el tridente de la militarización, el conservadurismo y la centralización, y el Cuerpo Nacional de Policía ha perdido el protagonismo en las investigaciones más importantes que se desarrollan en España en la actualidad, caminando sus integrantes hacia una preocupante derechización, no hay nada más que ver el sesgo de los sindicatos representativos. Que ante un hecho como lo ocurrido en las manifestaciones de docentes en Valencia, no haya habido un comunicado de apoyo a la lesionada, nos da una pista por donde van las cosas.
A mediados del siglo XIX, Vicente Llorens decía: “Larra se había suicidado, Espronceda había muerto. Se entra en la era Isabelina de la moderación y la mediocridad, de la Guardia Civil, los negocios de la bolsa y los ferrocarriles con capital extranjero”. Malaquer se refería a la necesidad de la protección agraria por parte del nuevo cuerpo, pero Jaume Vicens apuntaba hacia otro objetivo: “La Guardia Civil como manifestación del centralismo y la uniformidad”. Diego López Garrido resumió todo a la perfección en su libro “La Guardia Civil y los orígenes del estado centralista”.
En el contexto del triunfo del modelo de estado moderado, aparece con fuerza la figura del Guardia Civil, figura que hará exclamar a Raymon Carrar: “el extraño tricornio, el servicio por parejas, parecían la encarnación visual de la atmósfera moral de la España conservadora”, eso decía un hispanista, y esa era la imagen al comienzo de la transición.
Desde la Unión Sindical de Policías (USP), organización de izquierdas para profundizar en la democratización de la policía que venía del franquismo, promovimos materiales de debate que se concretaron en el libro “Policía y sociedad democrática” y llegamos a la conclusión de que, un nuevo modelo policial que se ajustara al federalismo que estaba por llegar, debería pasar por sustituir a la Guardia Civil por policía rural. Éramos unos ilusos, ni el “caso Almería” ni el “asalto al Congreso” hizo reflexionar a nuestros políticos de la necesidad de abordar un nuevo modelo policial.
Para analizar a los mandos de la policía de hoy, lo primero que tenemos que admitir es que la Transición no hizo posible una depuración de los principales actores policiales del franquismo. La derecha llegó con los deberes hechos, es muy fácil de explicar: en el Cuerpo General de Policía, luego llamado Cuerpo Superior, se ascendía a la categoría de comisario por el procedimiento de antigüedad. La Revolución de los Claveles en Portugal hizo pensar (ellos también piensan) que un cambio político en España podría llevarlos a las mismas consecuencias que a los miembros de la PIDE (Policía Internacional e de Defensa do Estado) y en consecuencia pusieron en práctica un concurso-oposición para colocar a comisarios jóvenes que no hubieran estado en la guerra civil. El primer tribunal de oposición estaba presidido por el todopoderoso Comisario Conesa. Una promoción siguió a otra, en un plan excelentemente diseñado. Un becario podría hacer con facilidad un árbol “comisariológico” con solo consultar el BOE. Primero defendieron el “espíritu del 12 de febrero de Arias”, luego se hicieron centristas, sin dejar de contactar con la ONC (Organización Contrarrevolucionaria Nacional) que luego pasó a llamarse SECED (Servicio Central de Documentación). Por simplificar podríamos decir que allí, además de fraguarse una profunda amistad a lo Casablanca, se empezó a trabajar con metodologías no muy acordes con la democracia que se estaba tratando de abrir paso.
Los primeros gobiernos del PSOE se encontraron con la imposibilidad de realizar una verdadera política criminal. Libros como el de Teo Uriarte “Tiempo de Canallas”, nos muestra claramente quién marcó el diseño de las políticas de Interior. El número de muertos que ETA ponía a la sociedad española impedía una atención más precisa para las políticas de Seguridad Ciudadana. Se hacía prioritaria, lógicamente, la lucha contra ETA. Y los agentes encubiertos, y policías del antiguo régimen, con sus métodos pragmáticos, ofreciendo resultados positivos se hicieron con el cotarro. No había, para desgracia de la democracia, ningún comisario a quien pudiera aplicársele con rigor el calificativo de progresista.
La gestación de “lo patriótico” se va incubando a lo largo de los años en una parte de la policía, la que se dedica a la información. Minoritaria, pero con enorme poder e influencia. Influencia, para colocar en las embajadas. Por ejemplo, García Catalán en Nueva York o Santos Bernal en Venezuela, puestos claves para que Fuentes Gago, dirigente toda su vida del sindicato más derechista en aquel tiempo, confeccionara la documentación del llamado informe PISA. El informe que Manuel Vázquez, desprestigiando a la UDEF, trató de “vender” a los fiscales. Me consta que el Tribunal de Cuentas no tragó, y uno de sus consejeros comentó que le parecía imposible que a tal documento se le pudiera dar credibilidad.
Años después, Villarejo fue contratado por el BBVA, con su empresa Cenyt, para investigar a la vicepresidenta del Gobierno de Zapatero, y al ministro Sebastián. Al frente de la seguridad del banco figuraba Julio Corrochano, quien había sido jefe de la Unidad Operativa en el País Vasco, y jefe de Superior de Policía en Madrid, nombrado por Aznar, muy bien relacionado con el “patriótico” García Castaño, a su vez, en la Unidad Central de Apoyo Operativo. Es decir, uno controlando las redes de información y el otro los “medios técnicos”.
El desarrollo del artículo 104 de la Constitución dio como resultado la aprobación de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, donde en su artículo 12 establece las competencias de la Guardia Civil: “armas y explosivos; luchar contra el contrabando; vigilancia del tráfico; custodia de vías de comunicación terrestre e instalaciones estratégicas; protección del medio ambiente (SEPRONA); conducción de presos y detenidos; y por último, cualquier otras funciones que le atribuyan la legislación.
La creación de la UCO lo fue mediante una Orden de la Dirección General en el año 87 y ahí se introducen prácticamente todas las funciones que estaban previstas para el Cuerpo Nacional de Policía: Investigación crimen organizado; Blanqueo de capitales; Ciberdelincuencia; Corrupción; delitos contra las personas.
No sabemos cuándo el convergente Barrionuevo, ministro con González, descubrió a la Guardia Civil, quizás fuera con el plan “Zona Especial Norte”, lo cierto es que la creación de la UCO supuso una duplicidad de funciones y donde el espíritu de cuerpo jugó una baza importante en una creciente descoordinación de las funciones a realizar.
No sé si el desprestigio de la policía de la mano de Eugenio Pino, DAO nombrado por el partido popular, y las actividades de la llamada “policía patriótica”, ha dado como resultado que los jueces últimamente hayan preferido a la UCO para las investigaciones, lo dudo, la Guardia Civil tenía en la entrada a sus cuarteles el lema “Todo por la patria” y eso en tiempos de la aprobación de La ley de amnistía une mucho.
Nos consta que hoy, dentro de los mandos de la Guardia Civil, hay preocupación. El periodista Antonio Maestre dice en un reciente artículo que “Hay un agujero negro en la Guardia Civil. Lo que ocurre en el seno de la Guardia Civil es una guerra de bandos “. Destaca, que uno de los mandos operativos dice que la credibilidad de la UCO estaba por los suelos porque los oficios en el caso del juicio del hermano del presidente eran «prospectivos y malintencionados».
Y luego está el episodio Juan Vicente Bonilla, que “cuando ocupaba el puesto de jefe de fuentes de la UCO, usó información lograda por su puesto y responsabilidad para que un confidente colocara a su expareja en una empresa que estaba siendo investigada y llamada MP trading y que conocía que realizaba actividades ilícitas sin que le importara demasiado”. “El miembro de la benemérita sirvió de intermediario entre varios implicados en la trama de hidrocarburos y les facilitaba información de las bases de datos confidenciales sobre domicilios y antecedentes. Este personaje acabó fichado por la Comunidad de Madrid. Sin establecer correlación, porque seguro que es todo casualidad, Alfonso Serrano, número dos de Ayuso, fue el que presentó la denuncia contra Soluciones de Gestión, que estaba siendo investigado por la UCO, coincidiendo con el hecho de que Bonilla tuviera un amigo en la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid donde terminó con un sueldo de más de 80.000 euros anuales. Algo huele a podrido en la benemérita”.
Según todos los especialistas, la UCO se extralimita completamente de su objeto, el catedrático Jordi Nieva, por ejemplo, sostiene que su función es la “simple recogida de vestigios relacionados con un supuesto delito, y no la formulación de conclusiones condenatorias, que solo son propias de una sentencia. En el informe policial del hermano del presidente, se dibuja ―indebidamente― una especie de proyecto de sentencia incuestionablemente condenatoria, formulando incluso un relato de evidente corrupción”. “Es impropio, no ya que jueces o fiscales acepten, en ocasiones, de manera acrítica esos relatos policiales, sino incluso que los crea la ciudadanía”
Durante más de quince años trabajé en el Gabinete Central de Identificación, Laboratorio de Técnica Policial. Nos dedicábamos a buscar huellas digitales en las inspecciones oculares para luego hacerlas coincidir con las impresiones dactilares tomadas a aquellos que pasaban a disposición judicial. Tuve que ir a muchos juicios como perito lofoscopista, para explicar en el juicio oral que la huella encontrada en un escenario criminal coincidía con una reseña archivada. Nunca decíamos, por ejemplo, que el autor del robo era la persona identificada, solo podíamos constatar que la huella recogida correspondía al identificado. El Tribunal, con todas las pruebas practicadas podía dictar sentencia. Un buen perito nunca podía hacer la inferencia (palabra ahora de moda) de que la correspondencia entre lo hallado en la inspección ocular y la impresión digital de reseña, era el autor del robo, únicamente certificábamos la presencia del mismo en el lugar del hecho.
El prestigio del Gabinete Central se sostenía en que de forma empírica y desde los estudios del Doctor Oloriz, con ocho puntos característicos concordantes, era irrefutable la identificación. El prestigio se rompió, por una única vez, el día que el error pericial se concretó en el análisis de unos huesos encontrados en el caso Bretón que se confundieron con rastros animales.
Inferir es un verbo malévolo que campa por los informes de la unidad central operativa (UCO). Según la RAE, supone deducir algo o sacarlo como conclusión, pero también se puede interpretar como “producir un daño físico o moral”. En el PSOE, aseguran, lo están padeciendo. Terminar la declaración del jefe de la UCO en Badajoz diciendo a las defensas: “¡les parece poco!”, avalan ese padecimiento.
Si no queremos una policía eterna, si queremos abandonar la subcultura policial que impregna sus cuerpos y que la define a la perfección T. Burckner en sus estudios, es inevitable abordar de forma encarecida una nueva Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde se establezcan las bases para la creación de la Policía Judicial, y concretar, de una vez para siempre, que los fiscales sean los que dirijan las investigaciones. Y por supuesto darle una vuelta a los procesos de selección y programas en sus centros de estudios. No podemos permitir abucheos a un ministro del Interior en actos oficiales en entrega de despachos. Ahora no hay excusa.
