Reflexión sobre el caso de la menor agredida en Burgos por cinco niños menores de 14 años, y sobre el difícil equilibrio entre la protección de las víctimas, la educación de los menores responsables y la necesidad de una justicia que ampare a quienes han sufrido el daño, establezca consecuencias proporcionadas para los culpables y evite transmitir a otros menores la idea de que actos de extrema gravedad pueden quedar prácticamente sin respuesta.
El caso de la niña de Burgos ha generado una profunda conmoción social. Más allá de los detalles concretos que deberán seguir siendo esclarecidos por las autoridades, existe una pregunta que miles de ciudadanos se están haciendo: ¿qué ocurre cuando unos menores cometen actos extraordinariamente graves y la ley apenas dispone de herramientas para responder?
La legislación española considera inimputables a los menores de 14 años. El fundamento de esta norma es comprensible. Un niño no posee la madurez psicológica de un adulto y el objetivo del sistema debe ser educar, no destruir vidas futuras mediante castigos desproporcionados.
Sin embargo, entre no hacer nada y encarcelar existe un amplio espacio que merece ser debatido.
Cuando la víctima de unos hechos graves tiene que regresar a su entorno habitual mientras los autores permanecen en él, muchas personas perciben que algo falla. La sensación de injusticia no nace necesariamente de un deseo de castigo, sino de una impresión más sencilla: parece que la sociedad exige un esfuerzo mayor a quien ha sufrido el daño que a quienes lo causaron.
La palabra «estigmatización» ha ocupado un lugar destacado en el debate. Nadie desea que un niño cargue para siempre con una etiqueta. Nadie quiere construir una sociedad basada únicamente en el castigo. Pero cuando se escucha esa palabra surge inmediatamente otra pregunta: ¿y la víctima?
Porque mientras las instituciones se preocupan por el posible estigma de los agresores, existe una menor que tendrá que reconstruir su seguridad, su confianza y su tranquilidad después de lo ocurrido. Es legítimo preguntarse si alguien ha pensado suficientemente en el peso psicológico que supone para una víctima regresar al mismo entorno donde se encuentran quienes presuntamente participaron en los hechos.
La filosofía contemporánea ha prestado cada vez más atención a la voz de las víctimas. Pensadores como Martha Nussbaum han defendido que la justicia no puede limitarse a aplicar normas abstractas, sino que debe tener en cuenta el sufrimiento humano concreto. Una ley puede ser formalmente correcta y, sin embargo, resultar profundamente injusta para quien soporta sus efectos.
Del mismo modo, Paul Ricoeur defendía que una sociedad justa debe reconocer a las personas dañadas. Reconocer a una víctima no consiste únicamente en escucharla. Significa organizar la respuesta institucional de manera que su dignidad, su seguridad y su recuperación ocupen un lugar prioritario.
Los defensores del sistema actual recuerdan que un niño de once o doce años no posee la madurez psicológica de un adulto. Y tienen razón. La neurociencia moderna confirma que el desarrollo emocional y el control de impulsos continúan formándose durante muchos años.
Sin embargo, también vivimos en una sociedad radicalmente distinta a la de generaciones anteriores. Nunca antes los menores habían tenido acceso a tanta información, a tantos contenidos audiovisuales, a tantas redes sociales y a tantos acontecimientos conocidos de forma inmediata por millones de personas. La tecnología ha transformado la infancia.
Precisamente por eso resulta legítimo preguntarse si las herramientas educativas y jurídicas actuales siguen siendo suficientes para responder a situaciones extraordinarias. No para castigar más. No para regresar a modelos represivos del pasado. No para abandonar los principios de protección de la infancia. Sino para preguntarnos si entre la impunidad percibida y el castigo extremo existe un espacio que todavía no hemos sabido ocupar.
La cuestión no es si unos menores de once o doce años deben ser tratados como adultos. Probablemente no. Tampoco se trata de reclamar castigos ejemplares ni respuestas basadas en la venganza.
La cuestión es otra.
No se trata de reclamar castigos propios de adultos para niños de 11 o 12 años, sino de preguntarse si las medidas adoptadas son suficientemente claras para transmitir la gravedad de lo ocurrido. La educación, la intervención psicológica y la reinserción son imprescindibles, pero también lo es que exista una respuesta firme y proporcional que ayude a comprender que determinadas acciones causan daños profundos y tienen consecuencias.
De lo contrario, existe el riesgo de que algunos menores interpreten que la ausencia de responsabilidad penal equivale a ausencia de responsabilidad real. Esa percepción podría convertirse en un mal ejemplo para otros jóvenes menores, y recordemos inimputables, precisamente cuando la finalidad de cualquier intervención debería ser prevenir que hechos semejantes vuelvan a repetirse.
La protección de los menores infractores es un valor que debe preservarse, pero también que nos menores valoren las consecuencias, el posible “castigo” o dicho con propiedad “medidas disciplinarias”. Por ello, el reto consiste en encontrar un equilibrio entre la reinserción, la educación y una respuesta suficientemente contundente para que nadie pueda concluir que una conducta tan grave queda prácticamente sin consecuencias.
Uno de los aspectos que más preocupación genera en este caso es el posible efecto ejemplificador que pueda tener sobre otros menores. Si la percepción social es que unos hechos de extrema gravedad reciben únicamente consecuencias limitadas, algunas personas temen que ello pueda transmitir la idea errónea de que determinadas conductas tienen un coste muy bajo.
“Existe el riesgo de que algunos menores interpreten que la ausencia de responsabilidad penal equivale a ausencia de responsabilidad real”.
Y luego está la víctima.
¿Cómo proteger a la víctima sin renunciar a la educación y recuperación de quienes han causado el daño?
Resulta llamativo que este debate aparezca una y otra vez cada vez que se produce una agresión grave entre menores. La sociedad se pregunta cómo evitar la estigmatización de los responsables, cómo preservar sus oportunidades futuras y cómo favorecer su reinserción. Son preguntas legítimas. Pero rara vez se formula otra con la misma intensidad: ¿qué necesita la víctima para reconstruir su vida?
Porque la niña es la persona agredida (en este caso niña, aunque podría tratarse también de un niño).
La niña es quien tendrá que convivir con el recuerdo de lo ocurrido.
La niña es quien tendrá que volver al colegio, cruzarse con compañeros que conocen la historia y recuperar una sensación de normalidad que le ha sido arrebatada.
Por eso muchas personas se preguntan si no deberían existir respuestas intermedias para situaciones extraordinarias. No para castigar más, sino para proteger mejor.
Cambios de centro educativo cuando la convivencia resulte incompatible con la recuperación de la víctima, no solo cambiarlos de aula, ya que se encontrará posiblemente con ellos en pasillos, patio y otras actividades a lo largo de los años. Y los agresores han sido ellos, son los que deben asumir las consecuencias; el desplazamiento, otra ubicación, la reinserción social, sin perjudicar “otra vez” a la agredida.
Programas intensivos de reeducación y seguimiento psicológico.
Intervención obligatoria con las familias.
Entornos educativos alternativos que permitan trabajar con los menores responsables sin perjudicar a quien sufrió la agresión.
Medidas que transmitan una idea sencilla: educar también significa asumir consecuencias.
El filósofo Immanuel Kant sostenía que la educación debía formar personas capaces de responder por sus actos. La responsabilidad no es el enemigo de la compasión. Es una parte indispensable de ella.
“La responsabilidad no es el enemigo de la compasión”.
Porque una sociedad verdaderamente justa no debería verse obligada a elegir entre la recuperación de los agresores y la protección de la víctima. Debería ser capaz de garantizar ambas cosas y de ofrecer además un ejemplo moral a los demás: el de una comunidad que educa, que corrige, que protege y que deja claro que la gravedad de ciertos actos no puede diluirse en la indiferencia.
Y si algún interés debe ocupar el primer lugar, debería ser siempre el de quien ha sufrido el daño.
“Si algún interés debe ocupar el primer lugar, debería ser siempre el de quien ha sufrido el daño”.
Aquí hablamos de estigmatización de quienes realizaron el daño. Sin embargo, dentro de cualquier comunidad educativa todos saben quién es la niña. Todos conocen la historia. Todos conocen el sufrimiento. Más bien va a ser ella la que va a quedar estigmatizada.
Por eso la primera obligación moral de una sociedad no debería ser preguntarse cómo evitar una etiqueta, sino cómo proteger a quien necesita ser protegido.
La compasión es una virtud. La responsabilidad también. Pero ninguna de ellas tiene sentido si olvidamos a la persona que sufrió la agresión.
Porque una sociedad se mide, en última instancia, por la forma en que protege a los más vulnerables. Y cuando una menor ha sido agredida (podría ser también un menor, el género en este caso no importa), la primera pregunta no debería ser cómo evitar que otros sean señalados, sino cómo garantizar que ella pueda recuperar su seguridad, su dignidad y su confianza en el futuro.
Ese es el debate que merece la pena afrontar.
