La ilusión despertada en otras épocas por el sandinismo ha quedado hecha añicos tras una presidencia en la que se aplican medidas represivas que parecen sacadas del ‘manual de Somoza’
Justificar la actuación de una escandalosa ‘policía voluntaria’ representa dar una patente de corso a los paramilitares
En nombre de un visionario anti-imperialista como lo había sido Sandino en la década de los 30, jóvenes de distintos estratos sociales se levantaron contra la dictadura somocista en lo que iba a dar lugar a una cruenta guerra en Nicaragua. En los momentos de más poder del discurso neoliberal de Reagan y Thatcher este pequeño, bellísimo y castigado país centroamericano con algunas de las culturas y paisajes más fascinantes del planeta, fue escenario violento de una insurrección popular contra una dictadura en una época en la que Washington percibía un mundo descrito bajo las características de una nueva fase de la guerra fría bajo un discurso ‘comunismo-anticomunismo’ en fase de oxidación. Mientras el sandinismo recibía los beneplácitos de la izquierda, el progresismo e incluso del liberalismo progresista de otros países, la ‘contra’ tuvo cuantiosas ayudas principalmente de la administración Reagan. Muy a duras penas se consiguió un verdadero ‘milagro’: la desmovilización, el final de la guerra, la convocatoria de distintos procesos electorales que permitieron la formación de parlamentos plurales, el turno de diferentes presidencias de ideologías diversas, desde la derecha conservadora-liberal al sandinismo. Daniel Ortega, antiguo combatiente guerrillero, procedente de una familia de clase media, llegó a la máxima magistratura del estado, con un programa inicialmente reformista-revolucionario que fue derivando hacia un ‘mix’ de las cosas más diversas y de las contradicciones más evidentes.
Los desgarros se venían produciendo en su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), desde su llegada al poder. Ortega quiso pactar ‘con Dios y con el diablo’, eliminando la ley del aborto pero despenalizando la homosexualidad, en una extraña y sinuosa forma de gobernar cada vez más personalista, y bajo la luz de gravísimas acusaciones y fuertes críticas. Entre ellas las que procedían de su hijastra Zoila América que le denunciaba por supuesto ‘abuso sexual’. En su última presidencia, las características más personalistas y las tentaciones autocráticas de su forma de gobernar se acentuaron: el tándem de su ejecutivo incluye una vicepresidencia con Rosario Murillo, que es precisamente la pareja sentimental de Ortega.
En los postreros tiempos, el descuelgue de figuras históricas del sandinismo ha sido galopante, con abandonos constantes y pérdida de toda clase de referentes, e incluso denuncias públicas de muchos de los que habían luchado por otra Nicaragua distinta, respetuosa con los derechos humanos y las libertades, generadora de un diálogo, justa en la distribución de la riqueza con especial atención a las clases trabajadoras de una sociedad con un abanico de rentas muy polarizado entre una minoría potente y una gran masa de población necesitada de un gran esfuerzo colectivo para salir de la pobreza, que debía seguir profundizando en los aspectos donde el ‘sueño sandinista’ había dado mejores resultados, como la escolarización y los programas educativos, la igualdad de las mujeres y las políticas de género, o el reconocimiento a la diversidad sexual. Una parte de esos ‘históricos’ formaban el Movimiento Renovador Sandinista –entre ellos Carlos Mejía Godoy, su cantautor emblemático- abandonando la estructura burocrática sandinista en manos de Ortega.
Entre constantes contradicciones la presidencia de Ortega sostuvo un régimen cada vez más personalista en la que el Frente Sandinista perdía a pasos acelerados su condición de representación y canalizador de las aspiraciones populares para aparecer como una correa de transmisión de las decisiones del poder. Afectado de una crisis económica galopante, común a otros estados centroamericanos y del hemisferio, en la primavera de 2018 y bajo el peso de una necesidad de hacer recortes y reajustes presupuestarios, Ortega lanzó una ‘reforma’ del Instituto Nacional de la Seguridad Social que provocó un intenso malestar popular. El clamor fue poderoso y Ortega reaccionó con la peor de las recetas: lanzar a la policía y al ejército contra los manifestantes con una violencia calcada de las de los malos tiempos de las dictaduras de los Somoza. Ante la magnitud de la respuesta ciudadana, Ortega se vio obligado a retirar el proyecto, pero la semilla de la indignación empapaba a buena parte de su país. Como siempre, la represión violenta genera mayor desgarro, y la imposición de un falso ‘orden’ ‘manu militari’ contribuye a crear más malestar contra una institución que se ha desacreditado a sí misma. El número de muertes producidas en Nicaragua desde que estalló la crisis alcanza un número impreciso que podría superar los 300 o 400 muertos.
La reacción de Ortega y su vicepresidenta y pareja Rosario Murillo, ha dado pie a abundantes (y pintorescos) titulares. Justificando el empleo de la fuerza policial y militar por la amenaza ‘terrorista’. El fracaso de esa forma de imponer el ‘orden’ ha sido clamoroso: al no distinguirse entre una minoría que puede actuar con violencia y tratar a una masa crítica con medidas tan represivas con decenas y decenas de víctimas mortales por la actuación policial y militar, el régimen se ha desenmascarado. Tras cinco meses de crisis, una de las últimas ignominias afecta a la aparición de lo que Ortega denomina como ‘policía voluntaria’, es decir para-militares al servicio del poder. La actuación represiva ha tenido además de las lamentables muertes, los heridos y los centenares de personas detenidas desde hace meses, y para las que ahora se vuelve a pedir la libertad, otra ‘víctima’, en este caso política: el movimiento sandinista. El FSLN como organización está condenada al desprestigo más absoluto y su burocracia al servicio de Ortega ha matado a la ilusión despertada en sus inicios en buena parte del mundo. En las últimas semanas tanto desde Naciones Unidas como desde la OEA se ha condenado la represión de Ortega. La mediación de la Iglesia Católica tampoco ha funcionado, y políticamente la cada vez más poderosa oposición interclasista y transversal aparece nucleada en torno a la Alianza Cívica, que ha venido convocando paros y huelgas, la última de ellas, a principios de septiembre con gran respaldo popular.
La única vía para poner fin a la crisis es la salida de Ortega de la presidencia, que debe realizarse siempre por medios pacíficos y no violentos. Rechazando planes como el de los presuntos contactos de militares venezolanos esbozados con la administración Trump para derribar a Maduro a través de un golpe de estado revelados por ‘The New York Times’. No, deben ser las urnas las que pulsen la palabra de la ciudadanía, junto a la movilización pacífica y la presión internacional. La convocatoria de un nuevo proceso electoral con garantías en Nicaragua como vía para superar esta grave fase. Pero al tiempo, en un futuro no muy lejano se tendrán que depurar las responsabilidades pertinentes en el gobierno y en el aparato del estado por ejecutar una maquinaria violenta contra sus ciudadanos de esta magnitud. Tendrá que gestionarse una Comisión de la Verdad que analice, estudie y evalúe lo que han sido esos terribles cinco meses de espiral de protestas y de represión, que ha causado un río de sangre. El FSLN no puede convertirse en cómplice de una autocracia que recuerda demasiado a una traslación del somocismo.
Especialmente hay un actor externo que está obligado a manifestarse en este proceso, como es la izquierda, el progresismo, y el liberalismo democrático, y en particular el latinoamericano, que en su momento se movilizó justamente a favor del movimiento popular sandinista, intelectualmente activo y agente que generó una corriente de simpatía mundial, especialmente desde los espacios culturales y los medios de comunicación hacia la causa de un movimiento popular contrario a una larga dictadura represora y clasista. Muchas décadas más tarde, con el FSLN en el gobierno, no puede existir razón de estado alguna que justifique una represión indiscriminada, un baño de sangre, un dolor tan grande en la sociedad nicaragüense… La ignominia no se puede refugiar en una terminología ‘revolucionaria’, porque todo proceso por mucho que se quiera llamar que no sea respetuoso con los derechos humanos y las libertades ciudadanas, se desacredita a sí mismo.
La soledad interna del régimen de Ortega es manifiesta cuando tiene que basarse en la represión y en un aparato de burocracia que confunde apoyar a la revolución con el cheque en blanco a un poder represivo. Son las grandes figuras emblemáticas del sandinismo que abandonaron el ‘barco’ con fuertes críticas a Ortega –de Sergio Ramirez a Mejia Godoy, condenado al exilio interior y exterior- quienes salvan su dignidad frente a una catástrofe anunciada. La izquierda latinoamericana que en su momento aplaudió al sandinismo está obligada a desenmascarar una forma de gobierno que reproduce los peores estilos de las maquinarias represivas del continente; aunque lo haga en nombre de una ‘revolución’ en la que Ortega pasará a la historia como el personaje que la dinamitó con TNT y su sepulturero.
